palabras poderosxs

Por: Claudia Melissa Vidal.

“Necesitamos políticas universitarias con perspectivas de género para que no hayan los abusos que día a día experimentan docentes y estudiantes por abuso sexual y abuso laboral. Lo que viven las estudiantes universitarias es lamentable, ¿dónde acuden para que se les escuche, para que se les haga justicia?”

Nuevamente llega el 8 de marzo, el día internacional de la mujer trabajadora. Las feministas y colectivas de mujeres se toman las calles y entonan himnos de resistencia frente a las violencias, la precariedad y la guerra que continúa atravesando sus cuerpos sin reparo, a la luz de las falsas promesas de las políticas de igualdad de género, los anhelados objetivos de desarrollo sostenible y el terrible avance de los antiderechos. 

Las mujeres, quienes comprenden la mitad de la población mundial, continúan luchando no solo por alcanzar direcciones ejecutivas sino también por derechos tan básicos como el fuero maternal, la distribución de las tareas de cuidado, empleos dignos, servicios de salud, acceso a educación de calidad, entre otros. 

Marlene De León, es economista, profesora y Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá. Es una de esas mujeres que ha luchado por décadas por los derechos de las mujeres trabajadoras y hoy en día continúa haciéndolo como sindicalista, promoviendo espacios de trabajo libres de violencias dentro de la Universidad de Panamá y luchando por la garantía del derecho a la libertad sindical de los servidores públicos. 

Su reivindicación más reciente es impulsar la implementación del Convenio Colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá que hace escasas 4 semanas fue firmado por el representante legal de la casa de estudios y, además,  marca un hito histórico ya que incorpora una perspectiva de género y promueve fuertes garantías de los derechos laborales de las mujeres. Entre ellos, la creación de espacios para la lactancia, la importancia de la salud mental, la creación de un protocolo de atención a víctimas en casos de abuso sexual o acoso laboral, el reconocimiento de un seguro de salud privado para los trabajadores y la implementación del Convenio 190 de la OIT. Este último fue ratificado por Panamá, sin embargo, aún no reglamenta su implementación, retrasando un avance tan necesario como los mecanismos para la prevención y atención del acoso laboral. 

Además, este convenio colectivo ha sido  rechazado por el sector más conservador de las autoridades universitarias, quienes se niegan a avanzar en derechos y equidad. Ahora las autoridades universitarias decidieron desconocer el pliego de peticiones. Incluso algunas autoridades siendo mujeres se niegan a su implementación. Estamos en lucha porque este convenio es modelo para el resto de los sindicatos. Sería muy vergonzoso que violen el derecho a la sindicalización, cuando estamos siendo observados por organismos internacionales que protegen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, indica Marlene.

Este es el primer sindicato de servidores públicos de Panamá, que obtuve el reconocimiento jurídico en febrero de 2017 luego de más de 10 años de lucha. El más reciente convenio colectivo se logró invocando la convencionalidad internacional, un mecanismo legal para acatar normas internacionales que Panamá ha suscrito. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá ha sido pionero en la lucha por los derechos de los servidores públicos. Nos tomó alrededor de 10 años que el Estado reconociera el derecho a sindicalización de los trabajadores públicos, luego de esto vinieron 15 sindicatos más que fueron reconocidos- resalta Marlene.

El derecho a la libertad sindical es un derecho humano consagrado tanto por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho comprende tres grandes derechos, el derecho a la sindicalización, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Si bien Panamá lo reconoce a nivel constitucional en el artículo 68 de la Constitución de la República y además es suscriptor de múltiples instrumentos internacionales, las reiteradas violaciones sistemáticas a la garantía de este derecho continúan. Una de las más evidentes, es la negación y los constantes impedimentos a los trabajadores y trabajadoras del sector público para que negocien convenios colectivos. De acuerdo con el Informe sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, en Panamá la ley establece que en el sector público incluso los trabajadores municipales tienen restricciones y prohibición de negociar convenios colectivos (Ley N.º 9 de la Carrera Administrativa). 

Es por estas razones que se hace urgente la implementación del Convenio Colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá ya que representa un avance en los derechos sindicales de todos los servidores públicos y garantiza más negociaciones para mejorar las condiciones de los y las trabajadoras de otras instituciones públicas. Con esta lucha por los derechos laborales se puede evidenciar la importancia de los sindicatos, que cumplen la importante función de equilibrar las relaciones de poder que existen en nuestras sociedades, regidas por sistemas económicos que terminan beneficiando a grandes empresas y no a la clase trabajadora. 

Esta identidad de conciencia de clase es clave para alcanzar avances en estas luchas – dice Marlene- la relación de poder se cimienta en las clases sociales, lo correcto es entender que los trabajadores y trabajadoras comprendan que para vencer los retos y desafíos hay que tener identidad de clase. Existe gente que estudia y se prepara para servir al sistema como instrumento que oprime a los más desfavorecidos.Toda la lucha parte de la identidad de clase. El autonombrarse de clase trabajadora es una reivindicación pendiente entre los obreros en Panamá. Entender que si no se lucha por la preservación de los derechos laborales obtenidos, como la seguridad social, la salud pública y otros derechos laborales, este discurso neoliberal y de explotación acabará con esos derechos dejándonos desprotegidos. 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, Panamá no llega al 40% de trabajadores sindicalizados, de ese porcentaje el 14% son mujeres. Detrás de esta baja participación de las mujeres en las luchas sindicales se encuentra la carga invisible del trabajo de cuidado que continúa alejándolas de su participación social y política. Según la Encuesta del uso del tiempo del INEC (2011) las mujeres se dedicaban un 72% a las labores domésticas versus un 37% los hombres. Reafirmado así que el trabajo de cuidado es un claro ejemplo de la inequidad. Para afrontar estas desigualdades varios países de la región como Uruguay, Chile y Argentina han avanzado en esfuerzos para el reconocimiento de los trabajos de cuidado. Sin embargo, en Panamá apenas se está visibilizando – sostiene Marlene – existen muchos esfuerzos de los trabajadores, estamos prácticamente obligando al gobierno para que establezca el Sistema Nacional de Cuidados como política pública. Es urgente tratarlo, definitivamente las mujeres tenemos una sobrecarga laboral que nos produce un desgaste físico y emocional. 

Además de graves consecuencias en el acceso a oportunidades que incluyen inserción en el mercado laboral, para el 2019, la población económicamente activa en Panamá de acuerdo con datos de INEC era de un 78% hombres y un 54% mujeres. Cifras que por supuesto acrecentaron durante la crisis del COVID-19 cuando las mujeres no solo tenían que cumplir con sus trabajos remunerados sino también con hasta dos jornadas adicionales donde ejercieron roles de cuidadoras y incluso fueron maestras para sus hijos. A la vez que sufrían los empates de las suspensiones de sus contratos laborales. En el  2021, en Panamá 94 mil mujeres estaban desempleadas. Mientras que el Estado no desarrolló medidas de protección. -Se les permitió a las empresas suspender y terminar contratos sin importar que las mujeres estuvieran embarazadas, si tenian discapacidad o familiares con discapacidad. La principal deuda del Estado es la violación contra los derechos humanos que se exacerbó y fue permitido por unEstado quien ejerció violencia estructural contra las mujeres y trabajadoras, reitera Marlene. 

Los derechos de las trabajadoras continúan en riesgo, cualquier calamidad política o social las pone en una posición de desventaja. Este 8 de marzo, se reivindica y se conmemora la lucha de las mujeres trabajadoras que por décadas han luchado por condiciones dignas de trabajo y de vida. El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de brindar esas condiciones y garantías a todas las mujeres, para que puedan alcanzar el más alto desarrollo social, político y económico. Entendiendo que el no reconocimiento al derecho a negociar convenios colectivos de los sindicatos del sector público significa mantener el clientelismo por parte de políticos corruptoss que utilizan la necesidad del trabajo de cientos de personas para mediante favores políticos garantizarse votos en la elecciones. ¡El derecho al trabajo es un derecho humano y no puede depender de la disposición política de unos cuantos!.

Así mismo, las autoridades universitarias tienen el compromiso de acoger el primer convenio colectivo con perspectiva de género que marque un referente y priorice los derechos de las estudiantes, trabajadoras y docentes. Ellas tienen espacios libres de violencias con protocolos de atención a víctimas de abuso sexual y acoso laboral que son urgentes en el ámbito universitario donde cada año las denuncias van en aumento, pero no hay medidas correctivas ni de protección. 

El llamado a la justicia efectiva y restaurativa se hace eco este 8 de marzo, no como reclamos vacíos sino como violencias que atraviesan la vida de miles de mujeres en Panamá que deben enfrentarse a un sistema que las revictimiza y las vulnera sin ningún tipo de garantías.  No somos una cifra más para ganar votos, somos la mitad de la población y merecemos vidas dignas.

Sin justicia y sin equidad, no podremos avanzar.